Supongamos que un subsecretario se pasó un stop y provocó un accidente con heridos. Un director general tuvo una reyerta en un bar y le propinó un golpe a uno de los participantes. Un secretario de Estado amenazó a su pareja y le produjo un moratón en el brazo. Sin suponer: un ministro del gobierno de coalición presidido por Angela Merkel plagió su tesis doctoral. Todos ellos, normalmente, tenían que dimitir pero no así un ministro o el presidente del gobierno. Los delitos mencionados correspondían a acciones personales en sus vidas privadas y debían aceptar los procedimientos judiciales que correspondan.
Hay casos históricos muy comentados desde hace años: Willy Brandt, alcalde de Berlín hasta 1966 y desde ese año ministro de Asuntos Exteriores en un gobierno de coalición entre CDU y SPD, en 1969 presidió el gobierno en coalición con los liberales del FDP con una política de reformas y propuestas para un cierto entendimiento con los países comunistas, muy criticadas por la oposición. Los servicios secretos de investigación de la República Federal Alemana descubrieron que uno de sus secretarios y hombre de confianza que conocía sus andanzas sentimentales, Günter Guillaume, era un espía de la República Democrática Alemana, al servicio de la llamada Stasi. Por él pasaban los documentos de la República Federal. Había llegado a la Alemania Occidental como refugiado de la RDA en 1956 y en 1970 empezó a trabajar en la Cancellería Federal. A partir de 1972, después de un examen exhaustivo sobre su pasado donde manifestaba su anticomunismo, organizaba la agenda de Brandt cuando este era secretario general del SPD. Su mujer ya trabajaba en la secretaría del gabinete del secretario del partido socialdemócrata.
El 28 abril de 1974 se dio a conocer que era espía y el 6 de mayo Willy Brandt presentó su dimisión como canciller. Años más tarde, el jefe de los servicios secretos de la Alemania comunista afirmó en sus memorias que había sido un gran error. Como es natural, su condición de espía formado por la Stasi se mantenía con absoluta discreción hasta que los servicios de contraespionaje lo descubrieron. Él mismo admitió que era un oficial de la policía y fue condenado a 13 años de prisión y su esposa a 8 años. En 1981 ambos fueron canjeados y el entonces presidente de la RDA, el comunista Erik Honecker, los recibió como héroes. Brandt no tuvo dudas y dimitió al estimar que era responsable de haberle dado su confianza, al margen de que hubieran también otras cuestiones que influyeron en su dimisión. Su decisión marcó una norma de conducta para todo tipo de políticos, y así se consideró en la mayoría de los países democráticos, sin que siempre se siguiera su ejemplo. Los asuntos personales, al margen de sus responsabilidades políticas, son solo responsabilidad de ellos mismos y en nada afectan a los ministros o presidentes de los gobiernos. Pero si alguien utiliza sus cargos para su propio beneficio alguna responsabilidad debe asumir quién los nombró. Da igual que el responsable de los nombramientos supiera o no su implicación en los posibles delitos, en el derecho consuetudinario de la ética política no queda otra solución. A Brandt lee sustituyó como canciller otro miembro del Partido Socialdemócrata, Helmut Schmidt, que gobernó hasta 1982 y conservó la coalición.
Diversos partidos se han visto envueltos en asuntos varios que han suscitado dudas sobre moralidad política. Hay que recordar, por ejemplo, la propuesta de contratar al exministro de Consumo, Alberto Garzón, en la consultora Acento Public Affairs en 2024, un lobby español, fundada y dirigida por José Blanco en 2018, antiguo secretario de organización con Zapatero y después ministro -se presentaba como licenciado en Derecho por la UNED pero sólo había aprobado alguna asignatura- y codirigida por Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria y ministro de Sanidad con el PP (en 2022 el lobby facturó por 6,2 millones de euros) El dictamen de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses planteaba sus dudas por su condición de ministros. Garzón renunció al ministerio y al liderazgo de IU en noviembre de 2023 justificándolo por "el cambio de fase política". Varios militantes de IU lo criticaron por considerar que su vinculación a la consultora era una "puerta giratoria" y renunciaría a ser contratado. La política transita por estos temas de ética política que no siempre se resuelven con premura y discernimiento, pero sirven para conocer los parámetros de los comportamientos de nuestros representantes.
